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El aborto: un derecho de salud pública y autonomía

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El aborto ha sido un tema de debate a lo largo de la historia, con posturas encontradas en torno a su legalización y la moralidad. Sin embargo, más allá de creencias personales o religiosas, el acceso al aborto seguro es, en primer lugar, una cuestión de derechos humanos y salud pública.

 

En muchos países, la criminalización del aborto ha puesto en peligro la vida de miles de mujeres, obligándolas a recurrir a prácticas inseguras.

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “El aborto seguro es un componente fundamental de la atención de salud” (OMS, 2025). Esta afirmación destaca la necesidad de garantizar este procedimiento en condiciones médicas adecuadas, protegiendo así tanto la vida como los derechos de las mujeres.

 

El derecho al aborto: autonomía y libertad

El derecho al aborto está estrechamente ligado a la libertad y autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Como mencionó Kamala Harris, ex vicepresidenta de Estados Unidos: “Las mujeres tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos” (Harris, 2025). Negarles este derecho implica perpetuar un sistema de control sobre sus vidas y decisiones, imponiendo restricciones que afectan negativamente su salud, bienestar y, en muchos casos, sus oportunidades de desarrollo.

 

Además, la penalización del aborto constituye una forma de violencia de género. Según Amnistía Internacional: “criminalizar el aborto es una forma de violencia de género” (Amnistía Internacional, 2025). Obligar a las mujeres a llevar a término embarazos no deseados vulnera sus derechos fundamentales, exponiéndolas a riesgos físicos, emocionales y económicos que podrían evitarse con el acceso seguro al aborto.

 

Consideraciones filosóficas: el derecho de la mujer sobre su cuerpo

Desde una perspectiva filosófica, Judith Jarvis Thomson argumenta que “El derecho del feto a la vida no anula el derecho de la mujer embarazada a tener jurisdicción sobre su cuerpo” (Thomson, 2025).

 

Esta postura refuerza la idea de que el derecho de una persona a decidir sobre su propio cuerpo debe prevalecer sobre los derechos de un ser en gestación, especialmente cuando el embarazo es no deseado o representa un riesgo para la salud de la mujer.

 

En este contexto, el aborto no debe ser visto únicamente como una cuestión moral sobre el feto, sino como una decisión autónoma que involucra la salud física y mental de la mujer.

 

El aborto como cuestión de justicia social y salud pública

El aborto seguro y legal es una cuestión de derechos individuales y de justicia social y salud pública. En contextos donde el aborto está criminalizado, las mujeres más vulnerables, como las de bajos recursos, son las que más sufren las consecuencias de la clandestinidad, al tener que recurrir a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su vida.

 

Como señala Planned Parenthood: “Garantizar el acceso al aborto seguro salva vidas y promueve la salud y el bienestar de las mujeres” (Planned Parenthood, 2025).

 

La legalización del aborto tiene beneficios tangibles para la sociedad en su conjunto. Al garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios médicos de calidad, se contribuye a la equidad y a la reducción de las desigualdades sociales y de género, promoviendo un entorno donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos sin temor a repercusiones legales o sociales.

 

La legalización del aborto es una cuestión de justicia, equidad y salud pública. No se trata únicamente de una decisión individual, sino de una medida que protege a miles de mujeres en todo el mundo. Como han demostrado diversas organizaciones y expertos, el aborto seguro y legal es fundamental para garantizar la dignidad y los derechos de las mujeres.

 

Negar el acceso al aborto seguro perpetúa una forma de violencia estructural que afecta principalmente a las mujeres más vulnerables. La lucha por la despenalización del aborto busca evitar muertes innecesarias y reconocer la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo.

 

Es esencial que los gobiernos adopten políticas basadas en la evidencia científica y los derechos humanos. Prohibir el aborto no impide que se realicen, sino que los obliga a la clandestinidad, poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres cada año.

 

Como lo señala Peter Singer: “Mientras que la pertenencia a la especie humana no es relevante, sí lo es la condición de persona” (Singer, 2025). Esta afirmación pone en relieve la importancia de valorar la autonomía y las decisiones de las mujeres en la cuestión del aborto, un derecho que debe ser protegido.

 

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Referencias

 

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Fernández, A. (2017). El aborto en América Latina: Estrategias para su legalización. Ediciones Akal.

 

Gutiérrez, M. y Bodelón, E. (2017). Derechos sexuales y reproductivos en el marco del derecho internacional. Revista Derecho y Justicia, 12(1), 89-110.

 

Lamas, M. (2001). El aborto: Aspectos políticos y de justicia social. Fondo de Cultura Económica.

 

Lamas, M. (2016). Entre el derecho y la moral: La interrupción legal del embarazo. Debate Feminista, 52, 3-22.

 

López, A. (2019). Derechos reproductivos y aborto en América Latina: Un debate pendiente. Siglo XXI Editores.

 

Peñas, M. (2018). El aborto como cuestión de salud pública y derechos humanos en América Latina. Revista Latinoamericana de Bioética, 18(1), 55-72.

 

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Vaggione, J. M. (2005). Ciudadanía sexual y estrategias legales: El debate sobre el aborto en Argentina. Revista de Estudios Sociales, 21, 17-29.

 

Vaggione, J. M. (2011). Religión, política y sexualidad: La reconfiguración de los derechos en América Latina. Católicas por el Derecho a Decidir.

 

 

Autoras: Fátima Rico Tinoco, Fernanda Cruz Córdoba y Daniela Valentina Rodríguez Márquez.